Acuamed pagó sobrecostes por 330 millones en las obras de las desaladoras
7:48 - 21/01/2016
· El
órgano supervisor avisó en 2014 del aumento del presupuesto
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Acuamed y FCC acordaron una compensación ilegal que se incluyó en los Presupuestos (20/01)
EN PROFUNDIDAD
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Exministra de Medio Ambiente
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La trama
que conforma la operación Frontino ya está bautizada como "organización
criminal". El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, pone la lupa en
el sistema que utilizaban los investigados para inflar los certificados de obra
y las posteriores liquidaciones.
El
Tribunal de Cuentas ya alertó en septiembre de 2014 que Acuamed había pagado
hasta 330 millones de sobrecostes en las distintas obras realizadas en nueve
desaladoras del Mediterráneo. Aunque por el momento, los primeros indicios
judiciales señalan que la empresa dependiente del Ministerio de Agricultura
podría haber defraudado 25 millones de euros, los motivos de las plusvalías que
reseñó el órgano supervisor en el informe de fiscalización de la sociedad son
idénticos a los que ahora se investigan: contratos dados por encima de la
licitación inicial, revisión de precios y pagos por liquidaciones.
El
informe, correspondiente a 2014, aunque fiscaliza los años 2011 y 2012, hace
referencia al periodo 2005-2012, etapa del Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero. Con el presidente socialista, las desaladoras pertenecieron al
Ministerio de Medio Ambiente, a cuyo frente estuvieron Cristina Narbona, Elena
Espinosa y Rosa Aguilar.
Desviación presupuestaria
Las
desaladoras de las cuencas mediterráneas están bajo sospecha. El Tribunal de
Cuentas hizo una correlación de las obras realizadas por la firma pública desde
2005 tras la que recomendó poner en marcha medidas para minimizar las
"desviaciones" de los presupuestos motivadas por los "errores y
defectos" en los que se incurrían a la hora de planificar las inversiones.
El
documento señaló un sobrecoste de 30,8 millones en la obra de la desaladora de
Carboneras, en Almería, pasando el precio inicial de 116 millones de euros a
147,3 millones por "modificaciones", "revisión de precios",
"liquidaciones" y "defectos de planificación". El proyecto
en la planta de El Atabal, en Málaga, también se incrementó otros 15 millones
de euros por un "defecto de planificación", mientras que la
remodelación de la desaladora de Marbella costó 2,05 millones de euros más de
lo previsto por otro "defecto" en la estimación de los costes de
expropiación. El contrato para la desaladora de Valdelentisco (Cartagena) se
adjudicó por 79,5 millones de euros, 7,2 millones por encima del precio inicial
de licitación, a lo que se le sumó un modificado de otros 34,6 millones de
euros y 10,1 millones más por la liquidación final.
Las
actuaciones en la planta de Campello (Alicante) contaban con un presupuesto de
53,6 millones de euros que posteriormente se elevó 24,1 millones de euros hasta
los 77,7 millones. La inversión para las obras de la desalinizadora para riego
en Águilas (Murcia) aumentó también un 41,2 por ciento después de realizar un
modificado de 58,7 millones y una revisión de precios de 10,8 millones, mientras
que la desaladora del Campo de Dalías (Almería) sufrió un incremento del 44 por
ciento respecto al coste de la inversión prevista y el proyecto pasó de costar
166,7 millones de euros a 240,1 millones.
Contratos a Acciona y FCC
El
magistrado investiga los contratos que dio Aquamed a Acciona y FCC. La firma
adjudicó en 2008 a
la UTE liderada
por Acciona la desaladora de Torrevieja por 192 millones. En 2011 se hizo un
modificado por 34 millones y una revisión de precios de 11,2 millones.
La Guardia Civil detuvo
el martes al responsable de Acciona Infraestructuras, Justo Vicente, y a tres
cargos de FCC; el presidente de la división de Construcción, Miguel Jurado, el
directivo Santiago Farré y el ingeniero Miguel Roset. FCC ganó la planta de
Almanzora (Almería), cuyo contrato tuvo un sobrecoste de 18 millones. El
magistrado imputa a los 13 detenidos los presuntos delitos de pertenencia a
organización criminal, prevaricación, fraude, malversación, maquinación para
alterar los precios de los contratos públicos, falsedad, tráfico de influencias
y cohecho.
El juez
ordenó ayer prisión para Arcadio Mateo y su directora de Ingeniería, Gabriela
Mañueco. También para el responsable de contratación, Francisco Javier Gómez
Pastor, el responsable de proyectos en Valencia, Pablo Martín, y al presidente
de Altyum, Nicolás Steegman.
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