Bruselas mantiene 1.500 procesos de infracción abiertos contra Españ

NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.-FUENTE eleconomista.es Bruselas mantiene 1.500 procesos de infracción abiertos contra España http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7418481/03/16/Bruselas-mantiene-1500-procesos-de-infraccion-abiertos-contra-Espana.html Bruselas mantiene 1.500 procesos de infracción abiertos contra España JOSÉ LUIS BAJO BENAYAS 7:57 - 14/03/2016 • Somos de los países más cuestionados tras Italia, Grecia y Francia • Polonia es el único Estado miembro que ha sido sancionado económicamente Más noticias sobre: • UNIÓN EUROPEA • COMISIÓN EUROPEA • FRANCISCO CAMPS • XIMO PUIG FERRER • BRUSELAS • FRANCIA • ITALIA • GRECIA • MARIANO RAJOY • LUXEMBURGO • TRIBUNAL SUPREMO • POLONIA • HIPOTECAS ________________________________________ La Comisión Europea mantiene, a día de hoy, en torno a 1.500 procedimientos de infracción abiertos contra España, cuarto país más cuestionado por la normativa jurídica europea por detrás de Grecia e Italia, con más de 2.000 procesos en curso, y de Francia, con algo más de 1.500. Aún así ninguno de esos contenciosos ha terminado -por el momento- en multa económica, aunque muchos de ellos han provocado graves polémicas: las Vacaciones Fiscales Vascas, la sanción por el déficit oculto valenciano o los constantes cambios sobre legislación hipotecaria impuestos por Luxemburgo ejemplifican el modo en que las leyes comunitarias pesan más que las de los Estados. El caso más reciente ha sido precisamente el del presunto falseamiento del déficit valenciano cuando presidía la región Francisco Camps. El Tribunal de Justicia europeo ha terminado imponiendo una multa a España de 19 millones de euros, y el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy pretende que esa cantidad la costee el Ejecutivo autonómico, de distinto signo político al del Camps y con el socialista Ximo Puig al frente. Puig, de hecho, ha anunciado su intención de recurrir la multa al Tribunal Supremo, por lo que este caso, y pese al dictamen europeo, estaría aún lejos de resolverse. Y es que uno de los graves problemas de los procedimientos de sanción abiertos por la Comisión son, de hecho, su enorme lentitud. Sirva de ejemplo el caso de las Vacaciones Fiscales Vascas, por el que las tres diputaciones de Euskadi deben reintegrar nada menos que 30 millones de euros a las arcas públicas en concepto de ayudas otorgadas a empresas que se instalasen en la región hace ahora veinte años. Aquella decisión motivó que otras comunidades como La Rioja acudieran a los tribunales por entender que había vulneración de competencia. Y finalmente Estrasburgo les dio la razón, pero quince años después de que el procedimiento llegara a Europa. El fallo llegó en 2014 y Bruselas había abierto el expediente nada menos que en 1999. Un laberinto complejo El proceso que sigue la Unión Europea a la hora de impartir justicia es largo y abrupto. Cuando la Comisión detecta una posible infracción de la legislación comunitaria o recibe una denuncia al respecto -así sucedió con las vacaciones fiscales vascas o con el caso del hotel de El Algarrobico, en Almería-, trata de resolver rápidamente el problema con el Estado miembro afectado por medio de lo que se denomina diálogo estructurado. Primero, le solicita más información a través de una carta de emplazamiento, en la que Bruselas pide al Gobierno de turno que presente sus observaciones sobre el problema del incumplimiento en un plazo máximo de dos meses. En ese punto, y bien si el Estado no responde o responde con argumentos que no convencen a la Comisión, ésta le otorga dos meses más de plazo para adaptarse a la legislación comunitaria a través del llamado dictamen motivado. Si el país no obedece, Bruselas pone en marcha la maquinaria jurídica y conmina a los tribunales a iniciar el contencioso jurídico. Sin embargo, "rara vez se llega tan lejos. En los últimos años, más del 85% de los asuntos se solucionaron antes de la fase contenciosa", tal y como indican en la Comisión. A partir de ese momento, y en un plazo de dos años, Estrasburgo debe pronunciarse por primera vez, y la Comisión otorga otro plazo al Estado para que cumpla. Si no es así, vuelve a recurrir a los tribunales y puede terminar imponiendo una multa coercitiva. La temida sanción. Pero ese caso extremo solo ha sucedido dos veces en la Unión, y Polonia ha sido su protagonista por no adaptar su legislación en materia medioambiental. "Los Estados miembro acaban conformándose a la legislación mucho antes de recibir una multa", explican desde la sede de la Comisión en España. En este punto, cabe distinguir las multas que el Tribunal de Justicia puede terminar imponiendo a un país, como ha sucedido con España en el caso del déficit valenciano, de la sanción extrema de la Comisión, que podría ser mucho más cuantiosa y de la cual los Estados miembro, más en época de austeridad, huyen como la pólvora.