Bruselas carga contra España por la elevada opacidad
en la contratación pública
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FUENTE.- PUBLICADO
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elconfidencial.com/economia/2016-08-13.- CARLOS
SÁNCHEZ
Bruselas carga contra España por la elevada opacidad
en la contratación pública
La Unión Europea ha puesto su punto de mira en la contratación pública
española. Considera que su opacidad es más elevada que en la UE y pide cambios
normativos
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· CNMC
TIEMPO DE LECTURA5 min
13.08.2016 – 05:00
H.
La vigilancia 'reforzada' que sufrirá España
por incumplir los objetivos de déficit público incluye una novedad. La Comisión
Europea ha exigido al Gobierno español -cuando lo haya- que haga más transparentes los sistemas de contratación pública,
toda vez que considera “insuficientes” los actuales mecanismos de control,
tanto los que tienen carácter previo como los posteriores a la adjudicación.
La Comisión Europea entiende que España “destaca” en Europa como uno de los países en
los que hay más opacidad en
la licitación pública, ya que en un porcentaje muy elevado las distintas administraciones
públicas prefieren utilizar la adjudicación directa o procedimientos negociados antes que acudir a los medios
convencionales, como son los anuncios oficiales. “Esto se traduce”, dice la
Comisión Europea, “en una competencia restringida de empresas de otros países de la
Unión Europea”.
La exigencia de Bruselas aparece en
el documento aprobado el pasado 27 de julio por el Consejo, en el que se
autoriza a España una nueva senda de reducción del déficit público. En ese
documento, se censura “el uso limitado de la contratación centralizada” a la hora de hacer las
adjudicaciones, algo que “impide” la existencia de “ganancias de eficiencia que
contribuyan al ahorro fiscal”.
Bruselas denuncia que "el uso limitado
de la contratación centralizada” impide las “ganancias de eficiencia que
contribuyan al ahorro fiscal”
Es más, se critica la inexistencia de un órgano independiente encargado de garantizar la eficacia y
el cumplimiento legal en la contratación pública, lo que supone un obstáculo
para la correcta aplicación de las normas europeas de contratación. La UE
sugiere que ello facilita casos decorrupción, lo
cual tiene un impacto negativo sobre la situación de las finanzas públicas.
Según los datos que maneja Bruselas, mientras que la
contratación que se publicita a través de anuncios oficiales representa en la
Unión Europea el4,4%
del PIB, en España apenas alcanza el 1,8% del PIB en 2014, lo
que sitúa a España en el puesto número 23 de los 28.
Del mismo modo, la tasa de publicación en términos de porcentaje
del gasto total en materia de contratación es sólo del 13,2% en comparación con
un promedio de la UE equivalente al 26,2%, situándose en España 22 de los 28
países. España, igualmente, también destaca por un uso relativamente alto del procedimiento negociado sin publicación previa (10%
del total frente a 5% en el Espacio Económico Europeo), ocupando el puesto 22
de los 31 países.
Suministros y servicios
España, en todo caso, no es una excepción en Europa en términos
de poseer un deficiente sistema de contratación pública. Y, desde luego, no se
trata de un asunto irrelevante. Las autoridades públicas, de hecho, gastan cada
año aproximadamente una quinta parte del PIB de la Unión Europea en la
adquisición de obras, suministros y servicios. En el caso español, elgasto en consumo de
todas las administraciones ascendió el año pasado a 208.670 millones de euros,
lo que representa el 19,3% del Producto Interior Bruto (PIB).
El Tribunal de Cuentas europeo destacaba la
existencia de “trabas innecesarias” que “complican la vida” a los potenciales
licitadores
El último informe del Tribunal de Cuentas europeo llamaba la
atención sobre la deficiente aplicación de la Directiva de contratación en la UE. Y, en
particular, ponía el acento en la existencia de “trabas innecesarias” que
“complican la vida” a los potenciales licitadores que quieren encontrar
oportunidades de contratación ofrecidas por las instituciones de la Unión
Europea. Su conclusión era muy directa: “La visibilidad de dichas oportunidades
en Internet es escasa; la información disponible es fragmentaria y está
diseminada por numerosas páginas web distintas”.
El Ministerio de Hacienda aprobó antes de la disolución de las
cámaras (hace casi un año) un anteproyecto de ley de Contratos del Sector Públicoque,
en síntesis, suponía la trasposición al derecho español de la Directiva
comunitaria. Y cuando llegó a la Comisión Nacional de los Mercados de la
Competencia (CNMC) para que realizara el preceptivo informe, lo que salió de
allí es una crítica por los escasamente “ambiciosa” que era la reforma que se
proponía.
El presidente de la
CNMC, José María Marín Quemada. (EFE)
En concreto, se cuestionaba el enfoque administrativista que
tenía la ley en lugar de primar cuestiones de eficiencia económica. Según el organismo que preside José María Marín Quemada,
la norma no preveía un sistema de “incentivos” (económicos o de otro tipo) que
fomenten la “excelencia” en la búsqueda de eficiencia por el empleado público.
Incluso podría hablarse, sostenía, de la existencia de “incentivos perversos, como el presupuesto incremental y
la práctica habitual de reducir el presupuesto en el ejercicio siguiente a
aquellos órganos administrativos que no lo hubieran ejecutado por completo”.
Y en este sentido, se recomendaba un control a posteriori que
permita analizar la eficiencia económica obtenida así como, la competencia
efectiva alcanzada y, en su caso, los “comportamientos indiciarios de prácticas
contrarias a la defensa de la competencia”.
Para el regulador, cuando la competencia falla hay
invariablemente una pérdida de eficiencia económica, un innecesario
desaprovechamiento de recursos públicos; un aumento del riesgo de colusión
provocado por la menor tensión competitiva entre los propios licitadores y, en
los casos más extremos, el favorecimiento de un “caldo de cultivo propicio para
la aparición de problemas colaterales en forma de corrupción”.
Además, como señalaba Competencia, en la contratación pública
confluyen circunstancias que la convierten, de forma inherente, en un área
relativamente “más proclive” a la existencia de “prácticas irregulares” desde
el punto de vista de la competencia que perjudican, si no se corrigen, a la
Administración Pública, a los potenciales competidores y, en último término, “a los
ciudadanos y contribuyentes”.
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