La
reforma de las pensiones que viene: nuevos impuestos, menos gasto o
'tijeretazo' a las bonificaciones
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La
reforma de las pensiones que viene: nuevos impuestos, menos gasto o
'tijeretazo' a las bonificaciones
7:29 - 21/10/2016
Campeones
europeos en longevidad, con una tasa de fecundidad casi por los suelos (los últimos datos demográficos del INE
son para reflexionar), un número creciente de dependientes en el
Sistema, el nivel de paro en el 20% de la población activa y un déficit
superior al 1,5% del PIB en la Seguridad Social. Que la reforma de las
pensiones en España es necesaria, es un hecho, ahora bien, los expertos
consultados difieren en el modo en que el próximo Gobierno debiera abordarla.
Más
o nuevos impuestos, reducir el gasto en pensiones, eliminar bonificaciones y,
sobre todo, una reforma más en profundidad del mercado de trabajo son algunas
de las opciones que se barajan para mantener a flote el Sistema. Las opciones
son múltiples y el objetivo, evidente: garantizar la sostenibilidad de las
pensiones, en un momento en que el Gobierno en funciones reconoce que el
agujero de la Seguridad Social alcanzará los 19.000 millones este año y los
16.000 el próximo, lo que podría agotar el Fondo de
Reserva como mucho en año y medio.
La
vía de los impuestos
Es
la medida que ofrece más variables. Carlos Martínez, director general del IMF
Business School se muestra rotundo: "si no hay un fuerte crecimiento
económico y un aumento del empleo en los próximos años, habrá que dotar al
sistema de más recursos vía impuestos o seguir rebajando las pensiones".
Eduardo Bandrés, Catedrático de Economía de la Universidad de Zaragoza sostiene
que una solución pasaría por elevar el IVA para dotar de sostenibilidad a un
sistema que confiaba en un aumento anual del 5,5% de los ingresos "que no
se está cumpliendo". Para ello, los poderes públicos deberían hacer un
ejercicio pedagógico importante que explique a los ciudadanos que hay que
encontrar soluciones para garantizar el cobro de prestaciones dignas.
Mientras,
Rafael Domenech economista Jefe de Economías Desarrolladas de BBVA Research
apuesta por sustituir la financiación mediante cotizaciones sociales por
impuestos indirectos, lo que aumentaría la tasa de empleo y reduciría la
desigualdad (es lo que se denomina devaluación fiscal). En su propuesta de
mejora del sistema recordaba ejemplos en este sentido en países como Dinamarca,
donde menos del 2% de las rentas del trabajo financian las pensiones.
Desde
CCOO proponen que sean los impuestos y no las cotizaciones sociales los que
financien las pensiones de viudedad y de orfandad, en tanto que no son
pensiones contributivas -no se ha cotizado previamente por ellas-. El Pacto de
Toledo abordará esta medida que se iría aplicando, en todo caso, de forma
paulatina y que equivaldría, en la práctica, a una nueva separación de fuentes.
Eliminar
bonificaciones
Los
expertos también creen que sería necesario eliminar todas las bonificaciones
que puedan sustituirse por alternativas más eficientes para crear empleo de
calidad. Es decir, aplicar cambios en la regulación laboral que incentiven el
empleo indefinido, en vez de bonificarlo de forma temporal.
Destopar
las bases máximas de cotización
Otra
de las ideas que se incorporan al debate es la de destopar o quitar el límite a
las bases máximas de cotización sin un aumento de la pensión máxima. De esta
forma, los salarios más altos cotizarían por las rentas que hubieran percibido
realmente, sin topes, lo que significaría pagar más en cotizaciones. Los
sindicatos calculan que la Seguridad Social deja de recaudar algo más de 7.000
millones de euros al año por esta vía. Sin embargo, otros expertos alertan de
que esta iniciativa encarecería el factor trabajo y podría reducir el empleo.
Cambios
en el mercado de trabajo
Los
analistas ven clave que el nuevo Ejecutivo se plantee una reforma del mercado
de trabajo que sirva para aumentar el empleo y, sobre todo, la productividad,
uno de los temas fundamentales que señala el propio Domenech. Se trataría de
aprobar cambios estructurales que rebajen la tasa de paro, eleven la de
ocupación e incrementen, también, los salarios, de forma que las aportaciones a
la Seguridad Social sean mayores. Es un camino lento pero, a la larga, más
positivo para los ciudadanos.
Además
de aumentar la tasa de empleo, las reformas deberían servir para atraer capital
humano, sobre todo cualificado, de manera que la inmigración retrasara el
envejecimiento.
Jubilarse
a los 67
La
jubilación a los 67 debe universalizarse, sin dar lugar a excepciones, en
opinión de Martínez, que apuesta por eliminar las prejubilaciones y por volver
a revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC, entre otras medidas.
Un
sistema más simple y justo
Íñigo
Sagardoy, presidente de Sagardoy Abogados sostiene que las reformas deberían
pivotar sobre cinco principios. Es básico que exista un consenso social, ajeno
a intereses políticos, para conseguir una reforma integral y no
"parches". También tiene que haber mayor responsabilidad personal de
los ciudadanos, con corresponsabilidad del sistema público y privado de
pensiones -al modo anglosajón-. El sistema tiene que ser simple y transparente,
deberían reducirse los regímenes de la Seguridad Social y que cada ciudadano
conociese de formas exhaustiva la pensión que le corresponde. Pero además, debe
ser un modelo justo, porque tiene que lograr el equilibrio presupuestario y
dotar de rentas mínimas suficientes a los pensionistas en cada momento. Por
último la reforma debe conseguir un Sistema eficiente y sostenible en el
tiempo, para lo que los cambios aplicados en 2013 van, en su opinión, en la
dirección correcta.
La
demografía no perdona
En
un artículo reciente, Ignacio Conde-Ruiz, director de investigación de Fedea
recordaba que España tiene una de las esperanzas de vida más elevadas, tanto al
nacer como a partir de los 65 años, de toda Europa. Las mujeres españolas son
campeonas en longevidad con una expectativa al nacer de 86,2 años. De hecho,
entre los países de la OCDE sólo Japón nos supera en esperanza de vida al
nacer. A esto se suma que España tiene una de las tasas de fecundidad más bajas
de los países desarrollados, con 1,32 hijos por mujer en edad fértil -en los países
desarrollados y para mantener constante el tamaño de la población sin
movimientos migratorios esa tasa debería estar en 2,01 niños-.
Desde
los Cuadernos de información económica de Funcas, José Antonio Herce añade a lo
anterior el hecho de que en España la población activa puede reducirse en
900.000 personas hasta el año 2025, lo que dificultará la renovación
generacional de la fuerza de trabajo en las empresas, con escasez de mano de
obra joven, y la necesaria adaptación a la digitalización de la economía.
Esta noticia es francamente poco tranquilizadora, para los
pensionistas……….y como pensaran solucionar el problema que se nos viene encima
a marchas forzadas.
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