La
Audiencia expone al Sabadell a una fianza de 1.592 millones por el caso CAM
FUENTE economiadigital.es
La
Audiencia expone al Sabadell a una fianza de 1.592 millones por el caso CAM
La Audiencia Nacional abre juicio oral contra los ocho ex
directivos de la entidad, para los que ha pedido casi 1.600 millones de euros
de fianza. El Banco Sabadell, que compró la CAM en 2011, es responsable civil
subsidiario
X.A.
Barcelona 06/04/2016 13:26 horas
La compra de la Caja
de Ahorros del Mediterráneo puede salirle muy cara al Banco Sabadell. La apertura del juicio oral contra ocho ex
directivos de la CAM le costará al banco
catalán casi 1.600 millones de euros de fianza si los acusados no consiguen
reunir dicha cantidad de dinero. Tienen 24 horas.
La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha abierto este miércoles el juicio contra los ex directivos de la caja alicantina acusados de estafa continuada agravada y falsedad documental, entre otros delitos, y les ha impuesto una fianza de 1.592,4 millones de euros. El Sabadell, juntamente con la Fundación CAM, son responsables civiles subsidiarios, y la aseguradora Caser es responsable civil directo.
La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha abierto este miércoles el juicio contra los ex directivos de la caja alicantina acusados de estafa continuada agravada y falsedad documental, entre otros delitos, y les ha impuesto una fianza de 1.592,4 millones de euros. El Sabadell, juntamente con la Fundación CAM, son responsables civiles subsidiarios, y la aseguradora Caser es responsable civil directo.
El Sabadell compró la CAM en
2011. El Banco de España la
adjudicó a la entidad presidida por Josep
Oliu por un euro y le inyectó 5.249 millones de euros para tapar
su agujero, además de comprometerse a cubrir el 80% de las pérdidas derivadas
por sus activos tóxicos durante diez años. Los servicios jurídicos del banco
catalán están estudiando el auto de la Audiencia Nacional antes de tomar
ninguna decisión.
Numerosos delitos
Numerosos delitos
El ex presidente de la CAM, Modesto
Crespo, y los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, además de cinco ex directivos
más, se enfrentan a un juicio por numerosos delitos: estafa continuada
agravada, falsedad documental, apropiación indebida y falsedad en documento
mercantil en 2010 y 2011. Además, algunos de los directivos se enfrentan a
otros delitos.
El fiscal ha solicitado siete años y medio de cárcel para López
Abad y Amorós, y también para Teófilo Sogorb, ex director general de
Planificación y Control, y Francisco José Martínez, ex director general de
Inversiones y Riesgo. Se les imputan delitos de falsedad contable y estafa y
piden también una multa de 400 euros diarios a cada uno durante quince meses,
lo que sube a un montante de 180.000 euros.
Juan Luis Sabater, ex director de Financiación y Gestión de Liquidez, y Salvador Ochoa, ex director de información financiera, se enfrentan a un año y dos meses de cárcel y una multa de 9.000 euros cada uno como cómplices de falsedad contable.
Juan Luis Sabater, ex director de Financiación y Gestión de Liquidez, y Salvador Ochoa, ex director de información financiera, se enfrentan a un año y dos meses de cárcel y una multa de 9.000 euros cada uno como cómplices de falsedad contable.
Penas de cárcel e indemnizaciones
El fiscal ha pedido el sobreseimiento provisional de la causa
contra Modesto Crespo, pero el Fondo
de Garantía de Depósitos, formado por todos los bancos y que ejerce
la acusación, le atribuye al ex presidente y a los dos ex directores generales
los delitos de estafa a inversores y manipulaciones informativas. Por ello les
pide nueve años de cárcel y una multa de 144.000 euros.
La acusación particular pide 16 años de prisión para todos los
acusados, además de una indemnización de 19,1 millones de euros a los
demandantes.
Cuentas falseadas
La investigación se inició tras la intervención de la CAM en 2011,
cuando el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) plasmó en sus informes las irregularidades que habían cometido
los gestores de la caja, tanto en su actividad crediticia como con la concesión
de pensiones vitalicias a sus directivos.
La pieza principal del caso investiga si los ex directivos
escondieron la situación real de la entidad para poder cobrar retribuciones por
valor de 47,3 millones. Los resultados presentados por la caja en marzo de 2011
arrojaban unas ganancias de 39 millones, posteriormente desmentidas con
pérdidas superiores a los mil millones.
Una segunda pieza, separada a principios de mes, investiga la
emisión de cuotas participativas a partir de 2008, con la que la CAM obtuvo 292
millones con su colocación a 55.000 inversores y ahorradores.
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