viernes, 8 de abril de 2016

Una juez anula las cláusulas suelo de 40 bancos y cajas





URGENTE POR SER DE INTERES PARA LOS CIUDADANOS CON HIPOTECAS CON CLAUSULAS SUELO.-




Una juez anula las cláusulas suelo de 40 bancos y cajas


 


 


Descripción: Portada de El País (España)


 


Una juez anula las cláusulas suelo de 40 bancos y cajas


Fuente EL PAIS periódico


 




 


 


Una juez anula las cláusulas suelo de 40 bancos y cajas


El juzgado de Madrid obliga a devolver las cantidades cobradas "indebidamente" desde mayo de 2013. La factura puede elevarse a varios miles de millones








 


Las cláusulas suelo que ofrecieron a sus clientes 40 bancos y cajas españoles —los topes que establecen un mínimo a pagar en la letra de la hipoteca por mucho que baje el euríbor— se firmaron con “falta de transparencia” y, por lo tanto, fueron “abusivas”, según la juez de lo Mercantil de Madrid Carmen González Suárez. En una sentencia firmada hoy, la magistrada decide anular esas cláusulas y obliga a devolver las cantidades cobradas “indebidamente desde mayo de 2013”.


 


Las sentencias dictadas en toda España contra las cláusulas suelo de las hipotecas se han ido multiplicando en los últimos años, sobre todo, desde que el Tribunal Supremo anuló el 9 de mayo de 2013 que condenara al BBVA, Cajamar y Abanca (el alto tribunal se ha pronunciado después en el mismo sentido en más ocasiones). La diferencia ahora es que la decisión del juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid es la respuesta a una macrodemanda de 15.000 usuarios que afecta a casi todas las entidades del país y que, según Adicae, la asociación de consumidores que impulsó el pleito hace más de cinco años, a todas aquellas hipotecas de particulares que tengan una cláusula suelo, unos dos millones (sobre un total de 4,5 millones).


 


La Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) ha señalado en un comunicado que está estudiando la sentencia. “Las entidades asociadas a CECA seguirán colaborando activamente con las autoridades públicas en el diseño e implantación de medidas para paliar estas situaciones de vulnerabilidad”, añaden. Mientras, fuentes bancarias aseguran que, como se trata de un conflicto que comenzó hace tantos años, la mayoría de entidades ya tenían provisionados los fondos necesarios por si tienen que hacer frente a las devoluciones de dinero, que puede ascender en conjunto a varios miles de millones de euros. Según las estimaciones de Analistas Financieros Internacionales (AFI) podrían llegar a los 5.269 millones de euros. En todo caso, la resolución aún es recurrible ante la Audiencia Provincial de Madrid, aunque los abogados de Adicae insisten en que las distintas resoluciones que ha dictado hasta ahora el Supremo anulando las cláusulas no dejan apenas margen para hacerlo.


Exigir la anulación


LA LISTA DE ENTIDADES AFECTADAS


-Arquia Caja de Arquitectos.


-Liberbank (Caja Castilla-La Mancha, Cajastur, Caja de Ahorros de Extremadura y Caja de Ahorros de Santander y Cantabria).


-Banco Popular (Banco de Galicia, Banco Popular Español, Banco Vasconia, Banco Andalucía, Banco Castilla, Banco Crédito Balear, Popular-E, Targobank, Banco Pastor y Banco Popular Hipotecario Español).


-Bankia (Caja Segovia, Caja Insular de Ahorros de Canarias y Caja Rioja).


-Kutxabank (Kutxa y Caja Sur).


-Laboral Kutxa (Ipar Kutxa Rural y Caja Laboral Popular).


-Ibercaja (Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, Monte de Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz y Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros de Burgos).


-Banco Sabadell (Banco Guipozcoano, Banco Gallego, Caixa Penedés, Banco Sabadell Atlántico, Banco de Asturias, Banco Herrero y Banco Urquijo).


-CaixaBank (Caixa Destalvis de Girona, Caja Sol, Caja de Ahorros de Burgos, Caja Guadalajara, La Caixa, Caja General de Ahorros de Canarias, Banco Zaragozano, Caja General de Ahorros de Granada y Barclays España).


-Credifimo.


-Caja de Ahorros y Monde de Piedad de Ontinyent.


-Unicaja Banco (Caja Duero y Unicaja).


-Banco Mare Nostrum (Caja Granada y Caja de Ahorros de Murcia).


-Celeris Servicios Financieros.


-Banca March.


-Banca Pueyo.


-Banco Caminos.


-Bancofar.


-Grupo Caja Rural (Caja Rural Toledo, Caja Rural Zamora y Cajaviva).


-Caja Rural Extremadura.


-Caja Rural del Mediterráneo.


-Caja Rural de Jaén.


-Caja Rural de Bexti.


-Caja Rural de Soria.


-Caja Rural Central.


-Caja Rural de Asturias.


-Caixa Rural Galega.


-Caja Rural de Tenerife-Cajasiete.


-Caja Rural del Sur (Caja Rural del Sur Sociedad Cooperativa de Crédito, Caja Rural de Córdoba y Caja Rural de Sevilla).


-Caja Rural de Teruel.


-Caja Rural San Vicente Ferrer del Vall de Uxó).


-Caixa Rural Casinos.


-Caja Rural de Granada.


-Caja Rural de Navarra.


-Caja Rural de Almendralejo.


-Caixa de Guissona.


-Caja Cantabria.


-Globalcaja (Caja Rural de Albacete, Caja Rural de Ciudad Real, Caja Rural de Cuenca).


-Bantierra (Cajalón, Caixa Advocats y Caja Rural de Huesca).


-Banco del Comercio.


-Banco Etchevarría (perteneciente al grupo Abanca).


 


De momento, la sentencia establece que se “verán beneficiados” y, por lo tanto, podrá exigir que se les deje de cobrar el suelo y que le devuelvan el dinero, “todos aquellos consumidores” que hayan firmado una cláusula “idéntica a las transcritas en la presente resolución y no transparente”. Y entiende como idénticas “aquellas que, a pesar de no emplear el mismo texto ni las mismas palabras, sean sustancialmente iguales en cuanto a su contenido”. Adicae ha recomendado que acudan a su banco a exigir la anulación a todos los particulares hipotecados con esta cláusula (quedan fuera de esta sentencia autónomos y empresas). La juez ordena, no obstante, que los contratos hipotecarios se mantengan en vigor una vez eliminado el ‘suelo’.


Los argumentos del fallo acuden constantemente a la doctrina marcada por el Tribunal Supremo, que ha establecido que esas condiciones, en abstracto pueden ser lícitas (poner de antemano en la hipoteca variable un mínimo a pagar en las letras es un seguro para el banco que puede mejorar las condiciones del contrato), pero que son abusivas si el proceso no fue transparente, es decir, si no se le explicó bien al cliente qué estaba firmando.


 


En este caso, la juez madrileña dice que los suelos a los intereses “carecen de transparencia” y son abusivos porque se introdujeron “sin que se resaltase por parte de la entidad bancaria la importancia de la inclusión de la cláusula en la vida económica del contrato”. Este hecho, según el juzgado, "frustraba las expectativas del consumidor", ya que cuando creía estar contratando un préstamo a interés variable "se encontraba sorpresivamente con una cláusula que le impedía beneficiarse de las bajadas del tipo [de interés] de referencia".


Sin embargo, la doctrina del Supremo también ha establecido que los bancos solo deben devolver el dinero cobrado de más desde la fecha de aquella primera sentencia de mayo de 2013 que dejó claro que las cláusulas suelo son abusivas si no son transparentes; antes de ese momento, entienden los jueces que podía haber buena fe por parte de los bancos. Este hecho ha sido recalcado por la CECA en su comunicado.


Estimaciones del impacto


No está claro el número real de afectados, entre otras cosas, porque muchas entidades llevan meses ofreciendo a sus clientes acuerdos para dejar de cobrar esas cláusulas. Estos, en la mayoría de las ocasiones no incluían el pago de las cantidades cobradas de más y no pocas veces, según las asociaciones de usuarios, la renuncia a reclamarlas. Además, como cada uno tiene unas condiciones distintas en su hipoteca, solo se pueden hacer estimaciones del dinero que tendrían que devolver los bancos a los clientes.


Mientras Adicae habla de “miles de millones”, AFI ha afinado la cuenta: “Tendrían que devolver unos 5.269 millones de euros por los intereses cobrados desde el 9 de mayo de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2015”. El estudio ha tomado como referencia que un 30% de la cartera de hipotecas tiene este tipo de condiciones y un suelo medio del 3%, explica David Ruiz, uno de los analistas de AFI. También calculan el “lucro cesante” de las entidades en unos 6.200 millones de euros entre 2016-2019, aunque no afectaría a todas los bancos y cajas por igual (hay algunos que tienes muchos suelos y otros muy pocos) y esta estimación no tiene en cuenta las renegociaciones de los últimos meses con gran cantidad de clientes, advierte Ruiz.


Por su parte, el presidente de Adicae, Manuel Pardos, ha alabado la “valentía de la juez” a la hora de firmar una sentencia que, opina, pone fin a las cláusulas suelo”. Además, ha asegurado que animará a reclamar a las personas que hayan sido desahuciadas de sus casas por impagos de hipotecas que contenían este tipo de cláusulas y que espera que la justicia europea corrija algunas decisiones del Supremo. El próximo día 26 de este mes, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea responderá a una pregunta de un juez de Granada sobre la llamada retroactividad, es decir: decidirá si hay que devolver el dinero pagado de más por las cláusulas suelo desde el primer día en que se empezaron a aplicar y no desde mayo de 2013. Las cláusulas suelo se empezaron a activar en 2009, cuando el euríbor comenzó a bajar drásticamente. En el hipotético caso de que las entidades tuvieran finalmente que devolver el dinero desde el primer día que empezaron a cobrarse, la cifra de 5.269 millones se elevaría hasta los 9.743, según, de nuevo, las estimaciones de AFI.


La sentencia se ha dejado sentir en la cotización en Bolsa de las principales entidades financieras españolas. Aunque buena parte del sector cotizaba en negativo desde primera hora, las pérdidas se han acelerado en el tramo final de la sesión. Al cierre, las acciones de Bankia han sufrido el mayor correctivo del Ibex 35 con una caída del -3,77%. CaixaBank (-2,97%), BBVA (-2,63%), Sabadell (-2,54%) y Bankinter (-2,52%) han completado el repóker de valores más damnificados del selectivo tras el fallo judicial. Cabe destacar, en todo caso, que toda la gran banca europea ha vivido un día de fuertes caídas bursátiles.


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Por la importancia para el ciudadano de esta noticia, publicada por el Periódico EL PAIS, pensamos que debemos ayudar de alguna forma a la divulgación de la misma, para general conocimiento, de todos aquellos afectados que no hayan tenido ocasión de leer la prensa, referida a este asunto, en ningún momento, es nuestra intención plagiar el trabajo de investigación  de este medio, ni sacar  ningún provecho de ninguna índole, solo desde nuestra modestia colaborar a la difusión de este artículo, pensando que todo ello trae causa de la Sentencia dictada en su día por el Tribunal de la Comunidad Europea respecto de las clausulas suelo, y si queremos agradecer a la Ilma. Sra. Jueza que ha tenido la valentía de firmar esta sentencia.- Esto es presuntamente un buen síntoma, de que la justicia funciona.


 

miércoles, 6 de abril de 2016

Seis diputadlos valencianos trabajaron para la fundación encubierta de Chávez


Seis diputadlos valencianos trabajaron para la fundación encubierta de Chávez

Fuente publicado por el periódico LAS PROVINCIAS

Seis diputados valencianos trabajaron para la fundación encubierta de Chávez

Arriba, de izquierda a derecha: Joan Ribó, Ignacio Blanco, Isaura Navarro y Antonio Montiel. Abajo, de izquierda a derecha: Fabiola Meco, Ángela Ballester, Txema Guijarro y Rubén Martínez.
Arriba, de izquierda a derecha: Joan Ribó, Ignacio Blanco, Isaura Navarro y Antonio Montiel. Abajo, de izquierda a derecha: Fabiola Meco, Ángela Ballester, Txema Guijarro y Rubén Martínez. / LP

·                                 Venezuela aportó siete millones a CEPS, germen de Podemos, para extender los partidos populistas en España

·                                 Ribó e Ignacio Blanco, que no son diputados, también estuvieron vinculados a la entidad

·                                 BURGUERA
6 abril 201618:33
Ni todos los miembros de CEPS son de Podemos ni todos los podemistas integraron la fundación subvencionada millonariamente por el régimen liderado por Hugo Chávez en Venezuela. Pero tan cierto como eso es que importantes dirigentes que actualmente destacan en la esfera política valenciana están vinculados a lo largo de su trayectoria con el Centro de Estudios Políticos y Sociales, y también es verdad que notables miembros de Podemos en la Comunitat forman parte de ese listado.
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Como asociación, la institución surgió en 1993. En noviembre de 2000 se constituyó en fundación. A partir de 2003 comenzó a suscribir sustanciosos contratos de colaboración que permitieron a CEPS ingresar cerca de siete millones de euros para promover en España iniciativas políticas afines al gobierno bolivariano de Chávez, según adelantó ayer el diario ABC.

Entre los políticos de la Comunitat que son miembros de la fundación, tuvieron puestos de responsabilidad en CEPS o se beneficiaron de sus convenios de colaboración con Venezuela destacan ocho: Joan Ribó, alcalde de Valencia; los diputados en el Congreso Ángela Ballester, Rubén Martínez y Txema Guijarro; los diputados autonómicos Antonio Montiel, Fabiola Meco e Isaura Navarro, así como Ignacio Blanco, candidato de EU a la Generalitat en las pasadas elecciones autonómicas y ahora integrado en el equipo de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra.
Los seis diputados (tres autonómicos y otros tantos de ámbito nacional) han trabajado en beneficio de la institución y en función de los convenios que durante sus 23 años de historia CEPS ha firmado con diferentes países latinoamericanos. Blanco fue Director de Proyectos de la fundación entre 1999 y 2000, mientras que el alcalde Ribó ha presentado y participado en conferencias organizadas por la entidad.
Los fines de CEPS, recogidos en el Protectorado de Fundaciones, organismo dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, señalan que la fundación pretende «promover el debate y la investigación en el ámbito político-social con el objetivo de lograr una sociedad más justa y solidaria mediante la redistribución de la riqueza, el fomento de la democracia participativa y las garantías efectivas de protección de los derechos humanos». Igualmente, también asegura que su intención es promover «la democracia y el respeto a los derechos humanos», así como cooperar «al diseño de políticas públicas, a la formación de la ciudadanía y a la promoción de un sistema educativo de calidad acorde con los valores de una sociedad democrática y solidaria», además de apostar por «la integración pacífica y la cooperación política, social y económica de los pueblos, especialmente en Europa». Hasta aquí lo registrado en el Ministerio de Educación. Lo reflejado en los documentos que ABC recoge en su edición de ayer señala, no obstante, que el objetivo de la millonaria ayuda del Gobierno de Venezuela a CEPS no era tan genérico.
El ministro del Poder Popular para las Finanzas, Rafael Isea, redactó un informe titulado ‘Punto de cuenta al Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela’, con fecha 28 de mayo de 2008, y aprobado por el propio Chávez donde se señala: «Adicionalmente, según lo acordado en el referido consejo de ministros, el consiguiente apoyo económico que significará para la Fundación CEPS esta contratación permitirá estrechar lazos y compromisos con reconocidos representantes de las escuelas de pensamiento de izquierdas, fundamentalmente anticapitalistas, que en España puedan crear consensos de fuerzas políticas y movimientos sociales, propiciando en ese país cambios políticos aún más afines al gobierno bolivariano».
El documento ministerial solicita la aprobación de recursos para contratar a la institución con sede en Valencia durante el periodo 2008-2010, si bien el informe desgrana las colaboraciones con CEPS, remontándose hasta 2003. Durante los cuatro primeros años de esta fructífera relación, Venezuela invirtió en la actividad de la fundación 2,68 millones de euros, para 2008 se pedía a Chávez liberar 1,65 millones más, mientras que entre 2009 y 2011 se financió las actividades de CEPS con 2,83 millones. En total, 7,16 millones de euros entre 2003 y 2011, según sostiene ABC.
El alcalde de Valencia, Joan Ribó, es miembro de CEPS, según confirmaron ayer a este periódico fuentes de la fundación, que recalcan que entre los colaboradores con a la institución no sólo hay miembros de Podemos, pues también se dan «personas que pertenecen a otras fuerzas políticas como el PSOE, IU, Compromís o que no tienen adscripción política manifiesta». En el caso de Ribó, así como el de Isaura Navarro (que ofreció asesorías al gobierno venezolano en 2008 en virtud de los convenios firmados por el Ejecutivo chavista y CEPS), son miembros de Compromís y antes los fueron de EU. Ribó consta como participante en diferentes conferencias y actividades organizadas por la fundación, en las que algunos casos ofició de presentador del ponente.
El diputado nacional Rubén Martínez Dalmau es uno de los fundadores de CEPS. Profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de Valencia, integró la candidatura de Compromís/Podemos en las elecciones nacionales por Alicante, lo que le valió el escaño que ahora ocupa. Anteriormente, trabajó como consultor en varios países latinoamericanos. Otro miembro del Congreso, Txema Guijarro, que ocupó el número cinco por Valencia en la candidatura de podemistas y nacionalistas, también ha participado en numerosas actividades en Latinoamérica en representación de la fundación CEPS. Guijarro tiene raíces familiares en Castellón, sus padres tienen casa en Alcossebre, si bien entre 2008 y 2014 trabajó como asesor político y demoscópico en varios países de Suramérica, el mismo tiempo que militó en CEPS. Ángela Ballester también es diputada nacional por la misma candidatura y declara ingresos provenientes de su actividad en CEPS por valor de 17.000 euros, fue responsable en la fundación del área de Sensibilización y Cooperación del área de América Latina. El síndic en Les Corts de Podemos, Antonio Montiel, por su parte, fue en su momento responsable del área de Cooperación para la Democracia Local de la fundación y también realizó labores de asesoramiento en Latinoamérica. Por último, Fabiola Meco, diputada autonómica del partido morado, ocupa puestos de responsabilidad en CEPS desde hace años. Meco, actualmente, es tesorera de la fundación.

Esta noticia, es exactamente la publicada por el periódico LAS POVINCIAS, sin quitar ni añadir ni una sola silaba. Solamente se trata de que conozcan esta publicación aquellos que  les pueda interesar, sin ningún otro interés, ni teniendo ninguna valoración de estos acontecimientos presuntamente manifestados por la prensa, ni haciendo por esta parte ningún juicio de valor sobre el tema

La Audiencia expone al Sabadell a una fianza de 1.592 millones por el caso CAM






La Audiencia expone al Sabadell a una fianza de 1.592 millones por el caso CAM


 


FUENTE economiadigital.es




 


La Audiencia expone al Sabadell a una fianza de 1.592 millones por el caso CAM


 


 


La Audiencia Nacional abre juicio oral contra los ocho ex directivos de la entidad, para los que ha pedido casi 1.600 millones de euros de fianza. El Banco Sabadell, que compró la CAM en 2011, es responsable civil subsidiario


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X.A.


Barcelona 06/04/2016 13:26 horas


 


La compra de la Caja de Ahorros del Mediterráneo puede salirle muy cara al Banco Sabadell. La apertura del juicio oral contra ocho ex directivos de la CAM le costará al banco catalán casi 1.600 millones de euros de fianza si los acusados no consiguen reunir dicha cantidad de dinero. Tienen 24 horas.

La jueza de la 
Audiencia Nacional Carmen Lamela ha abierto este miércoles el juicio contra los ex directivos de la caja alicantina acusados de estafa continuada agravada y falsedad documental, entre otros delitos, y les ha impuesto una fianza de 1.592,4 millones de euros. El Sabadell, juntamente con la Fundación CAM, son responsables civiles subsidiarios, y la aseguradora Caser es responsable civil directo.  


 


El Sabadell compró la CAM en 2011. El Banco de España la adjudicó a la entidad presidida por Josep Oliu por un euro y le inyectó 5.249 millones de euros para tapar su agujero, además de comprometerse a cubrir el 80% de las pérdidas derivadas por sus activos tóxicos durante diez años. Los servicios jurídicos del banco catalán están estudiando el auto de la Audiencia Nacional antes de tomar ninguna decisión.

Numerosos delitos




El ex presidente de la CAM, Modesto Crespo, y los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, además de cinco ex directivos más, se enfrentan a un juicio por numerosos delitos: estafa continuada agravada, falsedad documental, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil en 2010 y 2011. Además, algunos de los directivos se enfrentan a otros delitos.  


El fiscal ha solicitado siete años y medio de cárcel para López Abad y Amorós, y también para Teófilo Sogorb, ex director general de Planificación y Control, y Francisco José Martínez, ex director general de Inversiones y Riesgo. Se les imputan delitos de falsedad contable y estafa y piden también una multa de 400 euros diarios a cada uno durante quince meses, lo que sube a un montante de 180.000 euros.

Juan Luis Sabater, ex director de Financiación y Gestión de Liquidez, y Salvador Ochoa, ex director de información financiera, se enfrentan a un año y dos meses de cárcel y una multa de 9.000 euros cada uno como cómplices de falsedad contable.  


Penas de cárcel e indemnizaciones




El fiscal ha pedido el sobreseimiento provisional de la causa contra Modesto Crespo, pero el Fondo de Garantía de Depósitos, formado por todos los bancos y que ejerce la acusación, le atribuye al ex presidente y a los dos ex directores generales los delitos de estafa a inversores y manipulaciones informativas. Por ello les pide nueve años de cárcel y una multa de 144.000 euros.  


La acusación particular pide 16 años de prisión para todos los acusados, además de una indemnización de 19,1 millones de euros a los demandantes.


Cuentas falseadas  


 


 


La investigación se inició tras la intervención de la CAM en 2011, cuando el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) plasmó en sus informes las irregularidades que habían cometido los gestores de la caja, tanto en su actividad crediticia como con la concesión de pensiones vitalicias a sus directivos.


La pieza principal del caso investiga si los ex directivos escondieron la situación real de la entidad para poder cobrar retribuciones por valor de 47,3 millones. Los resultados presentados por la caja en marzo de 2011 arrojaban unas ganancias de 39 millones, posteriormente desmentidas con pérdidas superiores a los mil millones.  


Una segunda pieza, separada a principios de mes, investiga la emisión de cuotas participativas a partir de 2008, con la que la CAM obtuvo 292 millones con su colocación a 55.000 inversores y ahorradores.